Acá hay un pacto

Se cumplen 30 años de la última reforma constitucional y no podíamos dejar pasar la oportunidad de hacer un poco de revisionismo. Intentaremos observar cómo se produjo, que hitos comprende este proceso y como reestructuró la política nacional de forma que seguimos experimentando sus consecuencias. La idea de un pacto de tales características nos parece surrealista, pero ocurrió, y como…

Un poco de contexto

En el año 1994 se produjo la última reforma a la constitución nacional Argentina, dicho proceso lo identificamos como el último “gran pacto” producido entre los principales partidos políticos del país. No es extraño que dicho consenso se haya producido durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, quien gobernaría toda la década del 90 manteniéndose siempre en el centro del debate político y quién -consenso de Washington y convertibilidad mediante- produjo las reformas liberalizadoras que tendrían amplia aceptación de la “clase política” y de los sectores medios y medios-altos (al menos hasta 1994 con el inicio de las manifestaciones). Aceptación que vendría de la mano de resultados económicos positivos y la ignorancia de sus implicancias futuras.

En un país como la Argentina (sobre todo postdictaduras) una decisión tan importante como una nueva constitución no se realiza solo con hegemonía, sino que requiere tanto consenso entre los partidos políticos como un clima de época que sea propicio a ese fin. En 1993 Menem contó de alguna u otra forma con esas tres condiciones necesarias, ya contaba con la aceptación popular suficiente para llevar a cabo dicha reforma, el líder del principal partido opositor (y presidente saliente) Raúl Alfonsín consideraba necesaria una reforma, ya que era uno de los temas que trataba el órgano asesor creado durante su presidencia llamado “Consejo para la consolidación de la democracia”. Alfonsín pensaba la reforma de la constitución como el medio fundamental para “sellar el pacto democrático” y así culminar con la tarea que se había impuesto ya desde el 30 de octubre de 1983, cuando es elegido presidente, donde habla de “sentar las bases para 100 años de paz, libertad y democracia”.

Por supuesto esta predisposición por parte de la política institucional colabora también con el clima ideológico e intelectual proclive a la reforma, fundado en una idea, que por institucionalista y gris que suene, no deja de ser útil para comprender este proceso, que es el hecho de que el marco institucional define (y por ende, limita o impulsa) el comportamiento de los actores, por ende, una evaluación negativa con respecto al funcionamiento del sistema político durante el siglo XX, impulsa la percepción de necesidad de reformar ese mismo marco y adaptarlo a las reglas de juego del sistema democrático “moderno”. La pertinencia o no de las reformas hechas, y que tan en consonancia se encuentran con una democracia en plena gestación, se escapa de nuestro alcance.

Carlos Menem asume la presidencia de la nación el 8 de Julio de 1989, para ese entonces la inflación intermensual de junio había sido del 114,1%. Si si, leíste bien, inflación intermensual. Mientras que la acumulada interanual era de 784,9%, y al finalizar ese año la inflación anual fue de 3.079%.

La llegada del riojano a la Casa Rosada, arranco con todo, a tan solo 6 días de haber asumido, su ministro de economía, Miguel Ángel Roig fallece súbitamente y es reemplazado por Néstor Rapanelli, ambos economistas eran parte del directorio de la empresa Bunge & Born, marcando desde el comienzo la intención del gobierno entrante de llevar adelante una política económica de tinte liberal, focalizada en la reducción del déficit y la desregularización de la economía. En criollo, se comenzaron a vender y privatizar empresas, se flexibilizo el mercado laboral, se abrieron las importaciones y se reestructuro la deuda externa.

Al principio funciono, para noviembre de 1989, la intermensual estaba en 6,5% pero se volvió a disparar, generando una nueva hiperinflación que llego a rondar el 100% de inflación mensual para marzo de 1990. Esto ocasiono la renuncia de Rapanelli, que fue sustituido por Erman González, quien ejecuto el Plan Bonex, un plan que incauto los depósitos en plazo fijo y los cambios por bonos a pagarse en dólares a 10 años. Si bien esto le valió el puesto a Erman, esa inyección de dólares en la economía sumada a una cosecha extraordinaria, permitieron generar un piso de confianza para el gobierno y desacelerar la tendencia inflacionaria.

Para enero de 1991, llega al ministerio un personaje clave de esta historia, Domingo Felipe Cavallo, con un plan conocido por todos, La Convertibilidad. 1 peso = 1 dólar.

El ritmo de la inflación anual desde entonces fue:

Además el PBI creció:

Las verdaderas tasas chinas.

Las internas

La unión cívica radical era históricamente el “partido de las instituciones”, por lo que, visto en retrospectiva, no vuelve extraña su victoria el 30 de octubre de 1983, pero esta contienda no se explica tanto por la estructura del partido, que venía debilitada por las sucesivas interrupciones del orden democrático, sino por quien resultaría electo presidente, osea, Raúl Alfonsín.

Alfonsín se impone como el rostro de una nueva democracia después de haber sido, por muchos años, el rostro de una nueva dirigencia dentro de su partido, siendo miembro fundador y líder del “movimiento de renovación y cambio” (MRC), facción de la UCR, de corte socialdemócrata , que disputaba la conducción con la “línea nacional” liderada por Ricardo Balbín, quien pregonaba una política de entendimiento con el peronismo con el fin de superar las disputas que se adueñaron de la política argentina tras 1946.

La dictadura provocó un notable crecimiento del MRC dentro del partido, manteniendo posturas críticas en todo momento contra la junta militar, a diferencia de Balbín, quien mantenía vínculos más estrechos con el cuerpo militar. Este lento pero progresivo proceso de acumulación le valió la victoria aplastante contra Fernando De la Rúa en la interna presidencial del año 1983, quien era el candidato y dirigente más importante de la línea nacional. La historia de la pelea entre De la Rúa y Alfonsín es mucho más larga y compleja, y se entienden sus resultados principalmente a través del proceso de reforma, que permitirían tanto al mismo De la Rúa volverse el primer jefe de Gobierno de la capital, como las consecuencias políticas del pacto de olivos, que claramente lo favorecerían.

Hay un punto que resulta muy llamativo, y es, ¿por qué si Alfonsín se va del gobierno prematuramente y en un contexto de muchos problemas económicos, se logra mantener como el principal líder de la oposición? La principal hipótesis puede deberse a la idea del “Alfonsinismo”, la idea de que no es la UCR la que triunfa en las elecciones del ‘83, sino la figura de Raúl Alfonsín, figura que se incrementa y gana volumen con el juicio a las juntas y el enfrentamiento con la sublevación carapintada de fines de su gobierno.

La situación política interna del peronismo antes de la reforma constitucional de 1994 estuvo marcada por tensiones internas, reposicionamientos y negociaciones que reflejaron tanto la diversidad como las contradicciones del movimiento justicialista.

Desde su asunción en 1989, Carlos Menem tomo la decisión de girar su gobierno hacia políticas que profundizaron el carácter neoliberal de la economía argentina, bajo la influencia de la doctrina del consenso de Washington En auge a nivel mundial y con gran impacto en Latinoamérica)

Este viraje hacia el neoliberalismo generó fuertes resistencias dentro del movimiento peronista. Por un lado, sectores sindicales alineados con la tradición clásica del peronismo cuestionaron las políticas de ajuste y la pérdida de empleos en industrias anteriormente protegidas. La Confederación General del Trabajo (CGT) se dividió entre los "dialoguistas", que buscaban acuerdos con el gobierno, y los "combativos", encabezados por dirigentes como Hugo Moyano, que lideraron protestas y huelgas generales (principalmente tras la reforma previsional)

La oposición interna a Menem también se manifestó a través de la formación de agrupaciones como el Grupo de los Ocho, un conjunto de legisladores peronistas que criticaban las políticas neoliberales del gobierno. Estas tensiones internas no lograron desestabilizar el liderazgo de Menem, pero evidenciaron las fisuras dentro del movimiento, llegando a conformar primero el partido opositor Frente Grande y luego alianza opositora conocida como FREPASO.

Mas ambiguo y difícil de entender resulta el rol del en ese entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. Quien comenzó siendo un aliado fundamental y vicepresidente de Menem, pero en 1991 da el salto a la provincia ganando las elecciones a gobernador. Duhalde se consolida como el principal candidato a suceder a Menem y adopta una agenda propia con más ligazón a políticas de desarrollo y seguridad social. El rol de Duhalde resulta ambiguo principalmente porque era el apuntado a suceder al riojano en el ‘95, en caso de que el mismo no hubiese obtenido la posibilidad de reelección.

El pacto

La historia de Menem y Alfonsín, o en consecuencia la historia del peronismo y el radicalismo de la postdictadura confluye en un acto que sería el puntapié inicial para la reforma constitucional, este suceso es el “Pacto de olivos”. Este se trataba de un acuerdo realizado en noviembre de 1993 (resultado de conversaciones iniciadas en el domicilio de Dante Caputo, excanciller durante el gobierno de Alfonsín), donde ambos, acompañados de sus respectivos equipos técnicos y políticos, sentaron las bases para la reforma. Ambos bandos perseguían objetivos distintos, el radicalismo buscaba frenar el hiperpresidencialismo, introduciendo la segunda vuelta electoral, el régimen de autonomía para la ciudad de buenos aires, y modificar la elección de los senadores, pasando de tratarse de dos escaños elegidos por la legislatura provincial, a tres, elegidos popularmente (dos por la mayoría y uno por la minoría). Mientras que el peronismo (personificado en el presidente) perseguía principalmente la reelección y un aumento en la autonomía de las provincias (principalmente en la cuestión impositiva).

Alfonsín en particular pensaba en la creación de un “fusible” para el sistema político, que actúe en caso de gobiernos trabados o con baja “capacidad de hacer”, fusible que tomaría la forma de lo que el llamaba “El ministro coordinador”, que idealmente oficiaría de primer ministro en un sistema muy similar al francés. Esta idea mutó a la figura del jefe de gabinete, que despojado de su capacidad de gobierno autónoma tal y como pensaba el radicalismo, quedó relegado, justamente, a la coordinación del gabinete (de forma que se desdibujaría el “diagrama de Venn de atribuciones” que comparte con la secretaría general de la presidencia).

Mucho más allá de tratarse de una discusión técnica, el pacto estaba condicionado a cuestiones coyunturales, y son estas las que explican la prestancia de la conducción radical a negociar (conscientes de los problemas internos que generaría, y que venían arrastrados desde la indefinición oficial del partido al proyecto de reforma presentado por el senador Bravo), impulsada por el “temor” del crecimiento de Duhalde, quien recientemente sería elegido como gobernador de la provincia de Buenos Aires y quien consideraban que era el sucesor natural del presidente.

Alfonsín junto a Carlos Menem

El acuerdo sobre el que se da el pacto y quedaba supeditada cualquier otra reforma era la aceptación de la reelección por un mandato más, a cambio de recortar el mandato de 6 a 4 años y la eliminación del “requisito confesional” para la presidencia de la nación, en definitiva, la eliminación de la (textual) “exigencia de pertenecer a la comunidad católica apostólica romana” que fijaba el artículo 76 de la constitución. Con esto se completa lo fijado en el núcleo de coincidencias básicas sobre el cual se firmó el pacto.

El tercero en discordia

El gobierno de Menem sufrió desprendimientos desde el inicio, el más relevante (al menos en su primer mandato) fue el del ya mencionado “grupo de los 8”, dicho grupo parlamentario, en consonancia con sectores progresistas y movimientos de derechos humanos conformarían el Frente Grande, partido político que se posicionaba a la izquierda del PJ y la conducción oficial de la UCR y representaría la primera fisura significativa del sistema bipartidista desde el regreso de la democracia. El partido no tendría especial relevancia hasta el pacto de olivos, donde logró capitalizar el disgusto de los sectores radicales disidentes (dicho vagamente, el “delaruismo” y progresistas radicales) con respecto a lo que eran percibido como “concesiones al oficialismo” que eran negativas para el sistema democrático. Este crecimiento se ve reflejado en la diferencia de votos entre 1993 (3,8%) y 1994 (13,2%). El Frente Grande se oponía a la reforma, pero una vez dentro de la convención (la cual integraron 31 constituyentes del partido) fueron defensores de la incorporación de tratados internacionales a la constitución (propuesta que el PJ haría propia más tarde).

Las elecciones

Como escribimos anteriormente, el Frente Grande no era relevante hasta el pacto de olivos, esa afirmación la hacemos en base a la comparación entre las elecciones legislativas celebradas a nivel nacional en el año 1993 y las constituyentes del año 1994.

Sobre las elecciones de 1993 tenemos la hipótesis de que funcionaron como una muestra del poder (o al menos de una continuación del pacto de confianza iniciado en 1989) del gobierno de Menem con el electorado, no especialmente por los resultados obtenidos, a pesar de haber mantenido los mismos que 4 años atrás (lo cual en la Argentina democrática es extraño) sino por el carácter de los candidatos puestos por el PJ en distritos claves, como el caso de la capital, donde el partido vuelve a ganar llevando a la cabeza a un riojano, Antonio Erman González, exministro de economía entre 1989 y 1991.

Si las elecciones del año ‘93 fueron una renovación de la confianza en el gobierno, las celebradas en 1994 para la elección de los convencionales constituyentes fue una muestra del rechazo, casi a modo de reflejo, al pacto de olivos. En comparación (con niveles similares de participación), el PJ perdió 1.1 millones de votos, y la UCR (mayor afectado por el pacto) alrededor de 1.8 millones. Explicándose esas fugas a la irrupción en el mapa tanto del frente grande, quien sumo 1.4 millones de votos y se convirtió en el tercer partido a nivel nacional, ganando la capital federal, Neuquén y quedando segundo en PBA, como debido a la irrupción de otra agrupación, agrupación autodefinida como la “defensora de la República, de sus instituciones, de la justicia, la libertad y la dignidad” Así se definía el partido Movimiento por la Dignidad y la Independencia, más conocido por sus siglas MODIN. La historia del MODIN, al igual que la de muchos movimientos políticos en el mundo, se narra a través de la historia de un personaje clave, Aldo Rico. Rico fue un exmilitar que lidero los movimientos carapintadas de semana santa en 1987 y Monte Caseros en 1988.

Repartición de bancas para la convención constituyente

Las sublevaciones carapintadas fueron cuatro sublevaciones que ocurrieron entre 1987 y 1990, donde partes importantes del ejercito exigieron a los gobiernos de Alfonsín y Menem que se diera cese a las causas judiciales por investigación de los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura. En este contexto, luego de ser indultado por Menem en el ‘90, se reconfiguro el movimiento carapintada y se transformó en un partido político de carácter nacionalista y conservador.

La primera prueba de fuego para el incipiente partido fue exitosa, en 1991 obtuvieron el 9,24% en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, obteniendo 3 bancas en la cámara de diputados.

Para 1993, no solo mejoraron esa performance, obteniendo el 11,08% en BS. AS y obteniendo 4 diputados más, sino que presentaron su base territorial y presentaron candidatos en 17 de los 24 distritos electorales.

La elección del 94 es tremendamente llamativa en tanto se trata de la elección más condicionada por un hecho coyuntural concreto que hayamos tenido, un hecho coyuntural para nada ignorable, al tratarse de un acuerdo (que nunca hubiera parecido posible de hacer) entre los dos partidos principales del país. Esta elección no es solo relevante por lo partidario, sino por las figuras que tomaron especial protagonismo tras la convención, entre ellas, la más prolífica es Elisa Carrió, quien fue elegida por el radicalismo de la provincia de Chaco y nunca más se retiró de la primera plana de la política nacional. Otros nombres que cobraron relevancia son Adriana Puiggrós, quien posteriormente sería diputada nacional, secretaria de ciencia, tecnología e innovación de DLR y ministra de educación de la PBA, Eugenio Zaffaroni, Eduardo Valdés, el actual presidente de la corte suprema de justicia de la nación, Horacio Rosatti, entre otros.

La constitución en si misma

La convención constituyente celebrada en Santa Fe culmina con la promulgación de una nueva carta magna, cuyas reformas ordenamos en dos categorías: primero las reformas políticas y sociales, entre las cuales comprendemos las incluidas en el núcleo de coincidencias básicas (reducción del mandato, eliminación del colegio electoral e inclusión del balotaje, creación de la jefatura de gabinete de ministros), pero también la inclusión del decreto de necesidad y urgencia como una herramienta constitucional, el cual existía, pero su uso y alcance era limitado y autonomía de la ciudad de Buenos Aires, habilitándola a que conforme una legislatura propia, redacte una constitución y elija su gobierno mediante el voto popular, esta reforma tenía por objetivo darle un marco regulatorio a las finanzas locales (de alguna forma hacerlas menos dependiente de las nacionales) y la capacidad de administrar un presupuesto propio.

Eduardo Menem el día de inicio de la asamblea constituyente

Por “reformas sociales” entendemos la introducción de los tratados internacionales, con jerarquía superior a la ley (como la declaración universal de los derechos humanos, de la niñez, de las personas con discapacidad, de las personas mayores y diversas convenciones relacionadas a la preservación de los derechos del hombre, la prevención del genocidio, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la erradicación de la tortura).

¿Estas reformas políticas lograron sus objetivos?, bueno, como en casi todos los casos, sí y no. La figura del jefe de gabinete no fue lo que Alfonsín pensó como una válvula de escape para el presidencialismo, pero si se volvió un ministro que oficia como primus inter pares dentro del gabinete y cumple el rol de coordinación.

Por otro lado la reducción del mandato, la posibilidad de reelección y la segunda vuelta si podrían ser vistos como reformas que ayudaron a la consolidación de la nueva democracia nacional, teniendo en cuenta que desde la promulgación de la constitución, solo uno de los siete mandatos presidenciales ha finalizado antes de tiempo hasta el momento, y el balotaje (tanto la necesidad de evitarlo o la oportunidad que da su existencia) ha colaborado en esta dirección. Podría decirse que este cambio apuntó en la dirección correcta y -con reservas- colaboró a una democracia sostenible en el tiempo.

Así como se introdujeron los tratados, se introdujeron en simultaneo los derechos de tercera y cuarta generación que, en muchos casos, derivan de ellos, como el derecho a un ambiente sano (Art. 41), la protección de datos personales (Art. 43), y se creó la defensoría del pueblo (Art. 87) como órgano independiente a cargo de observar la preservación de estos.

En segunda instancia tenemos las reformas económicas. En términos de política monetaria, la reforma constitucional no estuvo exenta de una de las típicas discusiones: la autonomía del Banco Central. Se estableció en el artículo 75 inciso 6 que el Congreso debe legislar sobre la autonomía del Banco Central, lo que apuntó a garantizar políticas monetarias independientes, fundamental para sostener el esquema de convertibilidad de la época.

Con el diario del lunes, no paso. La autonomía significaba que el BCRA actuaría como un organismo técnico, independiente de presiones políticas, enfocado en objetivos específicos como la estabilidad de precios, la regulación de los mercados financieros y el respaldo de la convertibilidad.

Al día de hoy el presidente del BCRA (Santiago Bausili), y el ministro de economía (Luis Caputo), son socios en una consultora, claramente la independencia del BCRA no se logró; pero más allá de eso, si es cierto que la estructura general del organismo tiene a muchos profesionales técnicos de carrera trabajando hace muchos años y que trascendieron a los distintos gobiernos de distintos colores políticos. ¿Esta reforma se aplica y cumple con su objetivo? al 50%.

La coparticipación fue otro punto fundamental del proceso de reforma, y para ilustrarlo usaremos lo ocurrido el 9 de septiembre de 2020, cuando en plena cuarentena por la pandemia de COVID, el presidente Alberto Fernández anunció por cadena nacional la decisión de reducir en un punto porcentual los fondos de coparticipación destinados a la Ciudad de Buenos Aires. Según el mandatario, esta distribución había sido alterada de manera ilegítima durante el gobierno de Mauricio Macri, al asignar un porcentaje adicional a la Ciudad para financiar el traspaso de la Policía Federal. En respuesta, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que la medida era inconstitucional. El tribunal falló a favor de la Ciudad, ordenando al Poder Ejecutivo Nacional restituir los fondos recortados y revocar el decreto.

Este episodio representa un capítulo más en la histórica disputa por la coparticipación federal y el sistema de recaudación de impuestos en Argentina. Esta disputa es tan extensa que podríamos incluso remontar sus orígenes a la época de unitarios y federales. La reforma constitucional de 1994 intentó abordar estas tensiones al establecer principios para un nuevo régimen de coparticipación y la obligatoriedad de sancionar una nueva ley que garantizara equidad y consenso entre la Nación y las provincias. Sin embargo, esta reforma quedó inconclusa, dejando al sistema actual bajo el marco legal y regulatorio de una ley sancionada en 1988, y en una situación de constante conflicto.

Pasando en limpio, la Coparticipación Federal de Impuestos en Argentina es un mecanismo que distribuye los ingresos fiscales entre la Nación y las provincias, buscando equilibrar las disparidades económicas regionales. Este sistema se rige principalmente por la Ley N.º 23.548, que establece cómo se reparte la recaudación tributaria, 42,34% al Tesoro Nacional, 56,66% a las Provincias y el 1% al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional para desequilibrios provinciales.

En la reforma de 1994, se amplió el catálogo de impuestos coparticipables, dando a las provincias mayor participación en los tributos nacionales, el cambio mas destacado fue la inclusión del IVA, Impuesto a las Ganancias, Impuesto a los combustibles.

Además, el artículo 75 inciso 2 de la Constitución establece que el Congreso tiene la competencia para fijar el régimen de coparticipación federal, lo que asegura una distribución equitativa y ayuda a estabilizar la situación fiscal del país. Esta normativa lamentablemente no se instrumentó. ¿Esta reforma se aplica y cumple con su objetivo? al 50%.

En el artículo 124 de la Constitución Nacional, se dispuso: Los recursos naturales renovables o no renovables que se hallen dentro del territorio de una provincia son de su dominio y pertenencia. Las provincias pueden disponer libremente de los mismos, bajo el control y sujeción a las leyes del Congreso en lo que respecta a su explotación."

Este artículo reafirma el principio de federalismo en la gestión de los recursos naturales, otorgando a las provincias la titularidad y el control sobre los mismos, lo que influyó en la forma en que se establecieron acuerdos con empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras.

Hoy en día se da un debate central en torno a los beneficios económicas obtenidos por el país en la explotación de recursos naturales. El régimen actual permite que las provincias negocien regalías de extracción con empresas privadas directamente, lo cual genera costos realmente bajos en términos impositivos para los actores de dicha industria, para citar un ejemplo, Chile recauda aproximadamente un 30% de las ganancias de la extracción de Litio, mientras que argentina entre Regalías y retenciones se queda con un 8,5%.

Tranquilo, se lo que estás pensando. ¿Si la diferencia impositiva es tan grande, porque se extraen más toneladas de litio en Chile que en Argentina? Básicamente porque la industria minera requiere de mucha inversión para desarrollarse, y para que una industria reciba mucha inversión en una etapa embrionaria necesitas de dos palabritas mágicas: Seguridad jurídica.

Volviendo al tema sobre la gestión de Recursos naturales, la traba en el problema parece bastante parecido al anterior, las regalías las explotan las provincias, pero las mismas tienen que adecuarse a marcos regulatorios nacionales, por ende pierden mucha fuerza de negociación. Este problema, mis queridos lectores, podríamos denominarlo la indefinición del modelo argentino. Un modelo Federal pero donde el poder esta centralizado y regulado desde la Capital Federal, algo así como un oxímoron. ¿Esta reforma se aplica y cumple con su objetivo? al 50%.

Conclusiones

A modo de cierre, ¿fue ese nuevo marco institucional aquello que hacía falta para consolidar la democracia?, ¿Es necesaria una nueva reforma?, ¿Qué fue para mejor y que para peor? No son preguntas sencillas de contestar, y a priori, para la primera, estamos a muy poco tiempo de su sanción para juzgarlo, pero por ahora podríamos asegurar que la reforma logró cerrar una época particular y sangrienta de la historia argentina, eso está a la vista, pero lo que nos queda es preguntarnos si acaso ese marco nos provee una democracia de la calidad que necesitamos y de las que no abundan en esta parte del mundo, eso corre a cuenta de cada uno.

De lo que si estamos seguros es que una reforma constitucional no es posible -ni necesaria- sino se trata de un reclamo popular acompañado de un clima intelectual y político institucional en esa dirección, que apunte a una modificación sustancial de nuestro sistema legal y político. Justamente, porque si la constitución promulgada en Santa Fe en el ‘94 tuvo algún efecto positivo, es porque se trató de grandes cambios.

Es difícil poner en la balanza aquellas modificaciones que introdujo la carta magna a nuestra nueva vida democrática, el aumento en la autonomía de las provincias con respecto a sus recursos naturales podría ser considerado un retroceso de las capacidades estatales a nivel nacional, y por ende, un efecto negativo si se piensa a la Argentina como un todo, al igual que los claroscuros del régimen de coparticipación, tal vez el peor legado que nos deja este proceso es justamente ese, la indefinición oficial, la cristalización de discusiones coyunturales (como la disputa Menem-Duhalde que permeó en todo momento este proceso), y la no eliminación (ni los esfuerzos en esa dirección) del famoso látigo y chequera.

Citando al periodista e historiador Carlos Pagni, la gran paradoja de este proceso de reforma se haya en el hecho de que los gobiernos no peronistas posteriores son de alguna u otra forma “hijos de la reforma”, ya que de la Rúa fue presidente tras ser jefe de Gobierno porteño (cargo creado por la reforma), y tanto Macri (quien también fue jefe de Gobierno de la ciudad) como Milei fueron electos presidentes en segunda vuelta electoral.

Feliz año para todos. Nos encontramos por acá.